Abogados de contratos comerciales · Buenos Aires

Objeto y alcance definidos con precisión, precio y forma de ajuste, plazo y renovación, causales de terminación con su preaviso, confidencialidad, responsabilidad y sus límites, propiedad intelectual, fuerza mayor y resolución de disputas. La ausencia de una sola de ellas suele ser el origen del conflicto posterior.

No siempre es obligatorio, pero siempre es recomendable. El Código Civil y Comercial admite la libertad de formas para la mayoría de los contratos, aunque algunos exigen forma escrita o instrumento público (cesión de derechos, fideicomisos, transferencia de inmuebles). Más allá de la obligatoriedad, el contrato escrito es la única forma de tener prueba clara de lo acordado: un acuerdo verbal es válido pero, ante un conflicto, resulta muy difícil de probar.

La mayoría de los contratos comerciales se firman como instrumento privado, que es válido y suficiente. El instrumento público —ante escribano— es obligatorio solo en ciertos casos y aporta mayor fuerza probatoria y fecha cierta. Para operaciones de monto alto, de larga duración o con riesgo de conflicto, puede convenir la intervención notarial o, al menos, la certificación de firmas. Es una decisión a evaluar caso por caso según el riesgo y el monto de la operación.

Depende del monto, de la urgencia y de dónde están los activos de la contraparte. El arbitraje suele ser más rápido y técnico, pero tiene un costo inicial alto que no siempre se justifica en contratos de bajo valor. En operaciones internacionales, en cambio, suele ser la opción más previsible.

La que las partes elijan. En contratos internacionales se puede pactar la ley aplicable y la jurisdicción: los tribunales de un país determinado o un arbitraje internacional. Si no se pacta nada, se aplican las reglas de derecho internacional privado, que pueden llevar a un resultado imprevisible y poco conveniente. Definir la ley aplicable y la jurisdicción es una de las decisiones más importantes —y más descuidadas— en los contratos con contrapartes del exterior.

El distribuidor compra y revende por cuenta propia; el agente promueve negocios ajenos y cobra comisión, con derecho a compensación por clientela; el franquiciado explota un sistema y una marca bajo estándares del franquiciante. El encuadre incorrecto genera reclamos por indemnizaciones que no estaban previstas.

Primero documentar el incumplimiento y revisar qué exige el contrato antes de reclamar. Luego intimar por medio fehaciente, con plazo y apercibimiento claros. Recién después corresponde decidir entre exigir el cumplimiento o resolver el contrato y reclamar daños. Actuar en otro orden puede costar el derecho a resolver.

La complejidad de la operación y la disponibilidad de la información comercial: partes, alcance, condiciones económicas y garantías. Con esa base definida, la redacción avanza rápido; lo que insume tiempo real es la negociación posterior. Trabajamos con una reunión inicial de relevamiento para que el primer borrador refleje el negocio y no un modelo genérico.

Como orientación conceptual puede servir; como contrato, es un riesgo. Los modelos genéricos suelen mezclar legislaciones, ignorar el régimen del CCyC aplicable al tipo contractual y dejar sin regular justo los puntos que después generan conflicto: incumplimientos, rescisión, exclusividad y garantías. Revisar y corregir un contrato mal hecho suele costar más que redactarlo bien desde el inicio.

Exclusividad y territorio, objetivos de compra y consecuencias de no alcanzarlos, política de precios y descuentos, propiedad de la cartera de clientes, destino del stock al finalizar y, sobre todo, el régimen de terminación: causales, preaviso e indemnizaciones. El CCyC regula la distribución por remisión a las normas de la agencia y la concesión (arts. 1479 a 1511), lo que vuelve crítico pactar expresamente lo que la ley deja abierto.

En los contratos de duración sin plazo determinado, cualquiera de las partes puede rescindir sin causa, pero con un preaviso razonable: para la agencia, el CCyC fija un mes por cada año de vigencia (art. 1492), criterio que los tribunales extienden por analogía a la concesión y la distribución. Omitir el preaviso genera obligación de indemnizar. Pactar el régimen de salida al firmar es la forma más barata de evitar ese litigio.