Cuadro comparativo de modificaciones relevantes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

• Sólo se regula lo vinculado a las leyes y al modo de contar los intervalos (arts. 1° a 29 CC). Se prevé el principio de buena fe en el ámbito contractual (art. 1198 del CC).
• Se regula el abuso del derecho (art. 1071 del CC) y el abuso de la posición dominante (art. 1° de la ley 25.156 de Defensa de la Competencia).
• Los derechos de incidencia colectiva emanan principalmente de los arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional.
• El cuerpo humano solamente tiene significado en cuanto es soporte de la noción de persona. Respecto a los actos de disposición sobre el propio cuerpo humano, encontramos las previsiones de las leyes 22.990 (ley de Sangre) y 24.193 (ley de Trasplante de órganos y materiales anatómicos).
• Los derechos de las comunidades indígenas se encuentran receptados en la ley 23.302 (ley de Protección de las Comunidades Aborígenes), en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales, en especial los Convenios de la OIT 107 y 169.

• Introduce las reglas para el ejercicio de los derechos donde se contemplan las fuentes y aplicación, los criterios de interpretación y el deber de resolver del juez (arts. 1°, 2° y 3°).
• Los derechos deben ser ejercidos según las exigencias de la buena fe (art. 9°).
• Se regula el abuso del derecho (art. 10).
• Las disposiciones sobre el principio de buena fe y el ejercicio abusivo de los derechos se aplican a los casos de abuso de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en las leyes especiales (art. 11).
• Se introduce la figura del fraude a la ley: El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley (art. 12).
• Se reconocen, además de los derechos individuales, los derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puedan afectar al ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general (art. 14).
• Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales (art. 17).¹
• Derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional (art. 18).
• Norma Transitoria Primera: “Los derechos de los pueblos indígenas, en particular la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, serán objeto de una ley especial.” (Corresponde al artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación).

• Se prevé la existencia de la persona humana desde la concepción en el seno materno (art. 63 del CC).

• La existencia de la persona humana comienza con la concepción (art. 19).
• Norma Transitoria Segunda: “La protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial.” (Corresponde al artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación).

• Se regula la capacidad y la incapacidad (arts. 54 a 62, 126 a 158 CC; menores; dementes e inhabilitados; sordomudos).

• Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados (art. 22).
• Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en una sentencia judicial (art. 23).
• Son incapaces de ejercicio: a) la persona por nacer; b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª sobre “Persona Menor de Edad”; c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión (art. 24).
• Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador (art. 32).
• Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión debe determinar qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos, y cuáles la representación de un curador. También puede designar redes de apoyo y personas que actúen con funciones específicas según el caso (art. 34).
• La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa (art. 36). Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación, si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que la represente y le preste asistencia letrada en el juicio (art. 36). La persona que solicitó la declaración puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos invocados (art. 36).
• La sentencia debe determinar la extensión y alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Asimismo, debe designar una o más personas de apoyo o curadores de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 y señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación (art. 38).
• Se regula una nueva forma de complementar el ejercicio de la capacidad en las personas con capacidad restringida, denominada sistema de apoyos (art. 43).²

• Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ley 26.061).
• Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

• Se considera menor de edad la persona que no ha cumplido los 18 años; se incorpora al adolescente entendiendo por tal al menor de edad que cumplió 13 años (art. 25).

• Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ley 26.061).
• Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

• La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales (art. 26). No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada (art. 26).
• La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona (art. 26).
• Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física (art. 26).
• Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico (art. 26).
• A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo (art. 26).

• Actualmente, se encuentran contemplados en la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes complementarias y en forma diseminada en el Código Civil.³

Se introduce un capítulo regulando expresamente estos derechos. Se destacan:

• Inviolabilidad de la persona humana (art. 51);
• Protección de la dignidad personal (art. 52);
• Derecho a la imagen (art. 53);
• Prohibición de toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia (art. 57);
• Investigación médica en seres humanos (art. 58);
• Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud (art. 59);
• Directivas médicas anticipadas (art. 60);
• Disposiciones sobre exequias (art. 61).

• Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el primer apellido del padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse el de la madre. Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del padre, o el materno, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los DIECIOCHO (18) años. Los hijos matrimoniales de cónyuges del mismo sexo llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de éstos podrá inscribirse el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregarse el del otro cónyuge. Si no hubiera acuerdo acerca de qué apellido llevará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente. Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido, o el del otro cónyuge, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los DIECIOCHO (18) años. Una vez adicionado el apellido no podrá suprimirse. Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera decidido para el primero de los hijos (art. 37 ley 26.618 que sustituye el art. 4º de la ley 18.248).
• Será optativo para la mujer casada con un hombre añadir a su apellido el del marido, precedido por la preposición “de”. En caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, será optativo para cada cónyuge añadir a su apellido el de su cónyuge, precedido por la preposición “de” (art. 38, ley 26.618 que sustituye el art. 8º de la ley 18.248).

• El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro (art. 64).
• Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos (art. 64).
• El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación de ambos padres se determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo del mismo artículo (art. 64). Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden; a falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos, según el interés superior del niño (art. 64).
• Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición “de” o sin ella (art. 67). La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo (art. 67). El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial (art. 67).

• Ley de Nombre 18.248

• El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez. Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, a:
  a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;
  b) la raigambre cultural, étnica o religiosa;
  c) la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada.
• Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad (art. 69).
• Norma Complementaria Segunda: “Se consideran justos motivos y no requieren intervención judicial para el cambio de prenombre y apellido, los casos en que existe una sentencia de adopción simple o plena y aun si la misma no hubiera sido anulada, siempre que se acredite que la adopción tiene como antecedente la separación del adoptado de su familia biológica por medio del terrorismo de Estado.” (Corresponde al artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación).

• Se regula en los artículos 30 a 50 del Código Civil.
• La inoponibilidad de la persona jurídica se encuentra regulada expresamente para las Sociedades Comerciales, en la segunda parte del artículo 54 de la Ley de Sociedades Comerciales (ley 19.550).
• El Código vigente no recepta como personas jurídicas a los consorcios de propietarios, no surge con claridad de la ley 13.512 (Propiedad Horizontal) si el legislador les reconoce personería jurídica.⁴
• La personería jurídica de las comunidades indígenas está reconocida por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y mediante la ley 23.302 (Ley de Protección de las Comunidades Aborígenes).
• Asociaciones y fundaciones incluidas en la clasificación del art. 33 del CC.
• Las fundaciones se encuentran reguladas por la ley 19.836.
• Las asociaciones civiles no tienen normativa específica; solo encontramos la ley 20.321 (Mutuales) y la ley 20.337 (Cooperativas).
• Los bienes públicos y privados del Estado se encuentran regulados en los artículos 2339, 2340, 2341, 2342 (en el Libro III de los Derechos Reales).
• El “bien de familia” regulado por la ley 14.394, tiene como finalidad proteger patrimonialmente el núcleo familiar y colocar a la propiedad a salvo de una posible ejecución por remate, consiste en un beneficio del que gozan las familias. Se excluye de este derecho a las personas solas y a los convivientes.

• Se establece la inoponibilidad de la personalidad jurídica ante la actuación de la persona jurídica que encubra la consecución de fines ajenos a ella, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, la cual se imputa directamente a los socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos que la hicieron posible, quienes responden solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados (art. 144).
• Quedan a salvo de lo dispuesto en el párrafo anterior los derechos de los terceros de buena fe (art. 144).
• Se mantienen las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados (art. 144).⁵
• En cuanto a la enumeración de las personas jurídicas privadas, se incorpora el consorcio de propiedad horizontal, así como las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas (art. 148).
• La participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de éstas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados, considerando el interés público comprometido en dicha participación (art. 149).
• Establece la regulación de las Asociaciones Civiles (arts. 168 a 186).
• Respecto de las Fundaciones propicia la codificación de la mayoría de las previsiones de la ley 19.836 (Fundaciones, régimen para su desenvolvimiento y control) (arts. 193 a 224).
• Incorpora un Título atinente a los bienes. En este Título se regula lo vinculado a los bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia colectiva donde se prevé lo concerniente a los bienes pertenecientes al dominio púbico y al dominio privado, añadiendo la regulación del derecho de los particulares sobre las aguas que surgen de sus terrenos (arts. 225 a 241). Se incorpora expresamente la función de garantía del patrimonio (arts. 242 y 243).
• Se introduce la regulación del derecho a la vivienda con un régimen similar al del bien de familia ampliando los beneficiarios; entre estos, quedan comprendidos la persona sola (propietario constituyente) y el conviviente (aun sin hijos en común). La afectación pueda ser decidida por juez, a petición de parte (art. 244 a 246).

• Los cónyuges tienen derechos y obligaciones correspondientes a fidelidad, asistencia, alimentos y cohabitación (arts. 198, 199, 200 CC).
• Se prevé la separación personal (arts. 201 a 212 CC).
• Se contempla el divorcio vincular, uno de los requisitos para solicitarlo es acreditar como mínimo 3 años de estar separado de hecho (arts. 214 a 218 CC).
• Para solicitar el divorcio es necesario invocar una de las causales subjetivas u objetivas dispuestas de manera taxativa por el Código.

• En el proyecto de Código con media sanción subsisten solamente el deber de cooperación, convivencia, deber moral de fidelidad, la asistencia mutua y alimentos (arts. 431 y 432).
• Las normas sobre matrimonio se corresponden al régimen de la ley 26.618 de Matrimonio Igualitario.
• Se elimina la figura de separación personal.
• En cuanto al divorcio vincular, se elimina —entre otros— el requisito de tres años para solicitar el divorcio (art. 435 y siguientes). El divorcio puede ser solicitado tanto en forma individual o en forma conjunta (art. 437). Se elimina la necesidad de invocar una causal impuesta de manera imperativa por el Código (art. 438). Se incorpora un nuevo instituto —La compensación económica (art. 439)— bajo un parámetro de solidaridad familiar e igualdad. Los efectos del divorcio vincular no tendrán consecuencia de culpabilidad alguna (art. 439).

• El Código Civil fija un régimen legal, imperativo, inmutable como regla, de comunidad restringida a los bienes gananciales. Las convenciones prematrimoniales son permitidas en los supuestos previstos en el artículo 1217 CC, los cuales no admiten el derecho de optar por un régimen en particular. En ese marco, se establece solamente el régimen de sociedad conyugal (arts. 1217 a 1433 CC).

• Con sustento en el principio de la autonomía de la voluntad, se establece la posibilidad de optar, mediante la celebración de convenciones matrimoniales, entre los siguientes regímenes patrimoniales: 1) de comunidad y 2) de separación de bienes. Se puede pactar sobre los bienes que cada uno lleva al matrimonio. A falta de opción, sobre el régimen patrimonial, se aplica el régimen de comunidad de ganancias (art. 463).
• Las convenciones matrimoniales deben ser instrumentadas mediante escritura pública (art. 448).
• El régimen patrimonial es susceptible de ser modificado por convención de los cónyuges después del año de su aplicación (art. 449). En cuanto a las disposiciones aplicables a ambos regímenes, se expresa que los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos (art. 461).

• Ni el Código Civil ni la normativa vigente contienen previsiones al respecto.

• Se incorporan las uniones convivenciales al derecho positivo, las cuales se definen como la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente entre dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo de distinto sexo (art. 509). Se regulan aspectos probatorios, económicos, la contribución a las cargas del hogar, responsabilidades y atribución del hogar común en caso de ruptura (art. 512 y ss).
• Las relaciones económicas se establecerán según lo estipulado en el pacto de convivencia (art. 513). En caso de no haber pacto de convivencia, cada integrante ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad (art. 518).
• Se establece la protección de la vivienda familiar para las uniones convivenciales (art. 522).
• El juez debe fijar el plazo de la atribución, el que no puede exceder de dos años a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 523 (art. 526).
• Se establece la posibilidad de que el juez establezca una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del conviviente a quien no se atribuye la vivienda (art. 526).
• Si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato (art. 526).
• Se reconoce el derecho real de habitación gratuito al conviviente supérstite que carezca de vivienda propia habitable o de bienes suficientes para acceder a esta, en caso de muerte del otro conviviente, por un plazo máximo de dos años (art. 527).

• Sólo se prevé en relación de la naturaleza y de la adopción.

• Regula el parentesco por naturaleza, por “métodos de reproducción humana asistida”, por adopción y por afinidad (art. 529 y arts. 535, 536 y siguientes).
• El proceso del juicio de alimentos deja de ser ordinario, y pasa a ser el más breve que establezca la ley local (art. 543).
• Se garantiza el derecho de comunicación de personas menores de edad, con capacidad restringida, enfermas o imposibilitadas, cuyo cuidado se encuentre a cargo de otro, con sus ascendientes, descendientes, hermanos y parientes por afinidad en primer grado (art. 555).

• Contempla el vínculo filial por naturaleza o por adopción (arts. 240 a 263 CC).
• No hay previsión acerca de la filiación por los métodos de Reproducción Humana Asistida.

• La filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción. La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos efectos. No podrá tenerse más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación (art. 558).
• Se incorpora la prueba genética en casos de filiación. Pudiendo el juez valorar la negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente (art. 579).
• Norma Transitoria Tercera: “Los nacidos antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación por técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre a la realización del procedimiento que dio origen al nacido, debiéndose completar el acta de nacimiento por ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas cuando sólo constara vínculo filial con quien dio a luz y siempre con el consentimiento de la otra madre o del padre que no figura en dicha acta.” (Corresponde al Capítulo 2 del Título V del Libro Segundo del Código Civil y Comercial de la Nación).

• En el Código Civil no se regulan, encontrándoselas en la ley 26.862 de Acceso Integral a los Procedimientos y técnicas Médico-asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida.

• Consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida. El centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Este consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones (art. 560).
• Instrumentación: el consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales, para su posterior protocolización ante escribano público o certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción. El consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión (art. 561).
• El eje de la filiación mediante las técnicas de reproducción humana asistida se rige por la “voluntad procreacional” (art. 562).
• La información relativa a que la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento (art. 563); a petición de las personas nacidas a través de las técnicas de reproducción humana asistida, puede:
  • obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante, cuando es relevante para la salud;
  • revelarse la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local (art. 564).

• La ley 26.061 (Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) recepta principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.
• La ley 25.854 crea el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, con la finalidad de uniformar y transparentar los trámites y cuestiones vinculadas con la adopción en la República Argentina.
• En principio no pueden adoptar quienes no hayan cumplido los 30 años (art. 315 CC) y el adoptante debe ser por lo menos 18 años mayor que el adoptado (art. 312 CC). Sólo pueden adoptar conjuntamente quienes sean cónyuges (art. 312 CC).
• Se contemplan los tipos de adopción plena y simple (arts. 323 a 328 y 329 a 336 CC). Lo que en el Proyecto se denomina “adopción de integración” se encuentra regulada por la ley 24.779, de manera poco sistemática.

• Derechos de los niños, niñas y adolescentes. La adopción se rige por los principios de: interés superior del niño, respeto por el derecho a la identidad, agotamiento de las posibilidades de permanecer en la familia de origen o ampliada, preservación de los vínculos fraternos, derecho a conocer los orígenes, derecho a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a partir de los diez años (art. 595).
• Podrán ser adoptantes los integrantes de un matrimonio, ambos integrantes de una unión convivencial o una única persona (art. 599).
• Se reduce la edad de las personas que quieren adoptar a 25 años y se requiere que el adoptante sea por lo menos 16 años mayor que el adoptado (arts. 599 y 601).
• Se dispone expresamente la necesidad de que los adoptantes se encuentren inscriptos en el Registro de Adoptantes (art. 600).
• Se establece el derecho a adoptar de las personas en unión convivencial conjuntamente (art. 602).
• Se prevé la posibilidad de que adopten conjuntamente personas divorciadas o cuando haya cesado la unión convivencial (art. 604).
• Se introduce expresamente la necesidad de la declaración judicial del estado de adoptabilidad como paso previo a la guarda con fines de adopción en los casos previstos en la norma (art. 607).
• La elección del guardador es una facultad discrecional del juez quien lo designa de acuerdo a la nómina remitida por el registro de adoptantes y dando participación, a la autoridad administrativa que intervino en el proceso y al niño, niña o adolescente cuya opinión debe ser tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, en el caso de ser mayor de diez años debe prestar consentimiento expreso (art. 613 y art. 617).
• La guarda con fines adoptivos, que no puede exceder los 6 meses, se otorga mediante sentencia judicial (art. 614).
• Se introduce un nuevo tipo de adopción: la denominada de integración en la que se mantiene el vínculo filiatorio y sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen (art. 619, inc. c, art. 630 y siguientes).
• Pautas para el otorgamiento de la adopción plena. La adopción plena se debe otorgar, preferentemente, cuando se trate de niños, niñas o adolescentes huérfanos de padre y madre que no tengan filiación establecida. También puede otorgarse la adopción plena en los siguientes supuestos:
  a) cuando se haya declarado al niño, niña o adolescente en situación de adoptabilidad;
  b) cuando sean hijos de padres privados de la responsabilidad parental;
  c) cuando los progenitores hayan manifestado ante el juez su decisión libre e informada de dar a su hijo en adopción (art. 625).
• Se regula la adopción plena y simple con cierta flexibilización en función de la conveniencia y necesidades del niño, niña o adolescente y el derecho a la identidad. En este sentido, prevé la apertura de la adopción plena y simple. Se regula expresamente la posibilidad de mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o más parientes de la familia de origen en la adopción plena, y crear un vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción simple, sin que esto modifique el régimen legal previsto para cada tipo de adopción (sucesión, responsabilidad parental, impedimentos matrimoniales) (art. 621).

• Patria Potestad. El Código vigente establece un Régimen de Patria Potestad en el que ambos padres toman las decisiones atinentes a la vida y patrimonio de sus hijos.
• En los casos de separación o divorcio de los padres, en general, la tenencia es otorgada a uno de los progenitores. En algunos casos, se puede acordar la “tenencia compartida”. Existe una preferencia a favor legal de la tenencia materna del menor de cinco años.
• En el régimen vigente contamos con la existencia del “usufructo paterno” (art. 287 y siguientes CC). Los padres tienen el usufructo de los bienes de sus hijos legítimos o de los extramatrimoniales voluntariamente reconocidos que estén bajo la patria potestad, con las excepciones que establece la ley (art. 287 CC). Para disponer del usufructo los padres no requieren autorización judicial ya que les corresponde por ley, incorporándose al patrimonio de los representantes.
• El artículo 278 admite, si bien con limitaciones, la facultad de corrección de los padres con respecto a sus hijos.
• La guarda es regulada en los artículos 316, 317 y 318. Se dispone que el adoptante deberá tener al menor bajo su guarda durante un lapso no menor de seis meses ni mayor de un año, el que será fijado por el juez. La guarda deberá ser otorgada por el juez o tribunal del domicilio del menor, prohibiéndose la entrega en guarda de menores mediante escritura pública o acto administrativo.

• Se introducen los principios que rigen la responsabilidad parental (interés superior del niño; la autonomía progresiva de los hijos conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo; el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta de acuerdo a su edad y grado de madurez) (arts. 638, 639 y 640).
• Se incorpora la figura de la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental que posibilita que los progenitores, ante determinadas circunstancias, deleguen su ejercicio en un pariente mediante un acuerdo que debe ser homologado judicialmente debiendo oírse necesariamente al hijo. Se establece un plazo máximo de un año, prorrogable judicialmente por razones debidamente fundadas, por un período igual (art. 643). Se prevé expresamente que los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos pudiendo decidir y realizar las tareas necesarias para el cuidado, educación y salud de aquellos. Las personas que ejercen la responsabilidad parental de un progenitor adolescente que tenga un hijo bajo su cuidado pueden oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño; también pueden intervenir cuando el progenitor omite realizar las acciones necesarias para preservar su adecuado desarrollo (art. 644).
• El consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el asentimiento de cualquiera de sus propios progenitores si se trata de actos trascendentes para la vida del niño, como la decisión libre e informada de su adopción, intervenciones quirúrgicas que pongan en peligro su vida, u otros actos que puedan lesionar gravemente sus derechos. En caso de conflicto, el juez debe decidir a través del procedimiento más breve previsto por la ley local (art. 644).
• Respecto de los actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores se dispone que cuando involucran a hijos adolescentes es necesario además el consentimiento expreso de éstos (art. 645).
• Se enumeran los deberes de los progenitores, entre los que cabe mencionar el deber de convivir con sus hijos, el de respetar el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, el de respetar y facilitar el derecho de los hijos a mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un vínculo afectivo, entre otros (art. 646).
• Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas (art. 647).
• Con respecto al cuidado personal del hijo, se admiten dos variantes: el régimen conjunto alternado en el que el hijo convive un tiempo con cada uno de los progenitores y el régimen indistinto según el cual ambos progenitores realizan las labores según las necesidades del grupo familiar, con independencia del lugar donde el niño reside principalmente (art. 650).
• Se incorpora el plan de parentalidad, el cual puede ser presentado por los progenitores, indicando el lugar y tiempo en que el hijo permanece con cada progenitor, las responsabilidades que cada uno asume, el régimen de vacaciones, el régimen de relación y comunicación con los hijos cuando el hijo reside con el otro progenitor, entre otros; todo plan de parentalidad se considera “provisorio”, pudiéndose modificar en función de las necesidades del grupo familiar y del hijo (art. 655).
• Ante la inexistencia de un plan de parentalidad homologado, el juez fijará el régimen de cuidado de los hijos priorizando la modalidad compartida indistinta, excepto que por razones fundadas resulte más beneficioso el cuidado unipersonal o alternado (art. 656).
• Guarda. Se prohíbe expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas o adolescentes mediante escritura o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño (art. 611). En supuestos de especial gravedad, se prevé la posibilidad para el juez de otorgar la guarda de un menor a un pariente por un plazo de un año, prorrogable por igual período por razones fundadas (art. 657).
• Se prevé que las tareas de cuidado personal que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo, tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención (art. 660).
• Se dispone expresamente que la obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 años, cuando la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio le impida proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente (art. 663).
• Se establece el derecho de alimentos provisorios para el hijo extramatrimonial no reconocido, pudiendo el juez fijar un plazo en la sentencia que fijó los alimentos provisorios para promover la acción de fondo (filiación), si no se hubiere entablado aún (art. 664).
• Se elimina el usufructo de los progenitores. Se dispone que las rentas no deben ingresar al patrimonio de sus padres, sino que deben ser conservadas y reservadas para ellos. Sólo pueden disponer de las rentas con autorización judicial y por razones fundadas (art. 697).

• El Código Civil no establece normas expresas al respecto.

• Se entiende por “progenitor afín” al cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño, niña o adolescente (art. 672).
• El cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro, realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. En caso de desacuerdo entre el progenitor y su cónyuge o conviviente prevalece el criterio del progenitor, todo esto sin afectar los derechos de los titulares de la responsabilidad parental (art. 673).
• El progenitor a cargo del hijo puede delegar a su cónyuge o conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, y siempre que exista imposibilidad para su desempeño por parte del otro progenitor o no fuera conveniente que este último asuma su ejercicio (art. 674).
• En caso de muerte, ausencia o incapacidad de un progenitor, el otro puede asumir dicho ejercicio conjuntamente con su cónyuge o conviviente (art. 675).
• La obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro tiene carácter subsidiario, cesando este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño, niña o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia (art. 676).

• No se regulan de manera específica en el Código Civil, con excepción de ciertos imperativos asistenciales establecidos. A modo ejemplificativo se pueden mencionar los artículos 375, 376 y 622, 2º párrafo CC.

• Reglas procesales de derecho de familia. Se incorpora un nuevo título referente a procesos de familia, en el cual se incluyen: principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad, reserva e interés superior del niño (arts. 705 y 706).
• Se contempla la participación de niños, niñas y adolescentes y personas con capacidad restringida y su derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso (art. 707).
• Se prevén medidas provisionales relativas a los bienes en los conflictos derivados de divorcio y nulidad del matrimonio, haciéndose extensible su ámbito de aplicación a las uniones convivenciales (arts. 721, 722 y 723).

• Obligaciones de dar sumas de dinero (arts. 616 al 624 CC). El Código Civil vigente prevé que “si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero” (art. 617 CC).

• Obligaciones de dar dinero. El Proyecto indica que, si al momento de la constitución de la obligación se estipuló dar moneda extranjera, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas (art. 765).
• A su vez, para el supuesto de que el deudor no pudiera entregar la cosa convenida, se prevé en el artículo 765 in fine que “el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal”.
• Los intereses devengan intereses sólo cuando:
  a) una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a seis meses,
  b) la obligación se demande judicialmente; en este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda,
  c) la obligación se liquide judicialmente; en este caso, la capitalización se produce desde que el juez ordena pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo,
  d) otras disposiciones legales prevean la acumulación (art. 770).

• El contrato de adhesión no tiene recepción normativa en el Código Civil vigente, ni en la Ley de Defensa del Consumidor 24.240. El artículo 38 de dicha ley lo menciona pero no lo define. El contrato de consumo no tiene recepción en el Código Civil. Se encuentra regulado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y la referida Ley de Defensa del Consumidor.

• Introduce nuevas categorías de contratos como el contrato por adhesión a cláusulas predispuestas y el contrato de consumo (art. 1092 a 1095).
• Se recepta una serie de principios generales en materia de contratos de consumo, los que se complementan con la Ley de Defensa del Consumidor 24.240. Se incluye la regulación de las prácticas abusivas, la información y publicidad, las modalidades especiales y las cláusulas abusivas (arts. 1092 a 1122).

• Los contratos en particular se encuentran diseminados en el Código Civil, Código de Comercio y leyes complementarias.
• El arbitraje es regulado en diversas normativas. Lo encontramos, entre otras, en el ámbito societario en el artículo 38 del Decreto 677/2001 sobre “Régimen de transparencia de oferta pública”; Asimismo, el Decreto 276/1998 crea el “Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo”.

• Se regulan y unifican contratos que se encuentran actualmente previstos en el Código Civil y en el Código de Comercio, como sucede con la compraventa (art. 1123 y ss.), permuta (arts. 1126 y 1172), suministro (art. 1176), locación (art. 1187), mandato (art. 1319), mutuo (art. 1525), comodato (art. 1533), donación (art. 1542), fianza (art. 1574), contrato de renta vitalicia (art. 1599), entre otros.
• Se incorporan contratos regulados en normas específicas como el leasing (ley 25.248 y art. 1227 y ss.), fideicomiso (ley 24.441 y art. 1666 y ss.), contratos asociativos (Modificaciones a la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 incorporadas en el Anexo II del Proyecto). De igual manera se tipifican contratos con una regulación mínima, como sucede con la franquicia (art. 1512), el arbitraje (art. 1649) y el contrato de agencia (art. 1479).
• Leasing. Se dispone que la responsabilidad objetiva emergente del artículo 1757 recae exclusivamente sobre el tomador o guardián de las cosas dadas en leasing (art. 1243).

• El Código dispone de un sistema principalmente resarcitorio, que tiende a restablecer el equilibrio de patrimonios entre el autor del daño y la víctima. Se estipula que tiene una faceta preventiva, aunque ello es relativo desde que el sistema de responsabilidad tiene sustento en un factor subjetivo de atribución que no favorece esta función. La sanción pecuniaria disuasiva está prevista solamente en el artículo 52 bis de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
• El artículo 1107 del Código Civil vigente traza una división entre dos ámbitos de responsabilidad civil, el contractual y el extracontractual.
• En materia de responsabilidad del Estado, se han venido aplicando las previsiones del Código Civil en función de la interpretación jurisprudencial que viene efectuando el Poder Judicial en numerosos precedentes.
• El 2 de julio de 2014 se sancionó la ley 26.944 de Responsabilidad Estatal.

• Se introducen las figuras de la función preventiva y punitiva de la responsabilidad civil, mediante la acción preventiva (art. 1711) y la punición excesiva (art. 1714).
• Se amplían las normas generales sobre responsabilidad (causales de justificación, asunción de riesgos, factores de atribución, consentimiento del damnificado; arts. 1718, 1719, 1720, 1721/24).
• Se amplían las disposiciones sobre daño y reparación plena; se limita la responsabilidad por fallecimiento (arts. 1740 y 1745).
• Se introducen normas sobre responsabilidad colectiva y anónima (arts. 1761 y 1762).
• En lo concerniente a la Responsabilidad del Estado se establece la aplicación de normas y principios de derecho administrativo nacional o local según corresponda (art. 1766).
• Norma Transitoria Cuarta: “La responsabilidad del Estado nacional y de sus funcionarios por los hechos y omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones será objeto de una ley especial.” (Corresponde a los artículos 1764, 1765 y 1766 del Código Civil y Comercial de la Nación). La referida ley especial es la ley 26.944 sobre Responsabilidad del Estado.
• En el artículo 1810 (Garantías unilaterales), último párrafo, se dispone: “En caso de fraude o abuso manifiesto del beneficiario que surjan de prueba instrumental u otra de fácil y rápido examen, el garante o el ordenante puede requerir que el juez fije una caución adecuada que el beneficiario debe satisfacer antes del cobro.”

• Se establece el “numerus clausus” del artículo 2503 CC. Se consideran derechos reales 1° El dominio y el condominio; 2° El usufructo; 3° El uso y la habitación; 4° Las servidumbres activas; 5° El derecho de hipoteca; 6° La prenda; 7° La anticresis; 8° La Superficie Forestal (incorporado por art. 13 de la ley 25.509)

• Se desarrolla una parte general dedicada a disposiciones y principios comunes a todos los derechos reales, a las reglas sobre la adquisición, transmisión y extinción y a los requisitos para su oponibilidad (arts. 1882 a 1907).
• Se mantiene el sistema numerus clausus en su artículo 1887. Se consideran derechos reales en el Proyecto: a) el dominio; b) el condominio; c) la propiedad horizontal; d) los conjuntos inmobiliarios; e) el tiempo compartido; f) el cementerio privado; g) la superficie; h) el usufructo; i) el uso; j) la habitación; k) la servidumbre; l) la hipoteca; m) la anticresis); n) la prenda.
• Se redefine el concepto de “línea de ribera”, entendiendo por tal al promedio de las máximas crecidas ordinarias (art. 1960) en lugar de las crecidas medias.
• Se redefine el concepto de dominio imperfecto (art. 1946), comprendiendo: el dominio revocable, el fiduciario y el desmembrado (art. 1964).
• Se precisan las facultades del titular del dominio revocable y los efectos generales luego de extinguido (arts. 1965, 1966 y ss.). Con respecto al dominio revocable, se establece el plazo máximo correspondiente a las condiciones resolutorias (art. 1965).
• Se prevé que el aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe efectuarse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción (art. 1970).

• En el Código vigente, el condominio es el derecho real de la propiedad que pertenece a varias personas, por una parte indivisa, sobre una cosa mueble o inmueble (arts. 2673/2755).

• Se innova respecto de la administración del condominio. Ante la imposibilidad de uso y goce en común, se establece que los condóminos reunidos en asamblea decidirán sobre su administración (art. 1993).
• En la asamblea la resolución de la mayoría absoluta de los condóminos computada según el valor de las cuotas, aunque corresponda a uno solo, obliga a todos. En caso de empate decide la suerte (art. 1994).
• En el condominio con indivisión forzosa temporaria, los condóminos pueden convenir suspender la partición por un plazo que no exceda los diez años (art. 2000).
• Se incorpora la figura de la “partición nociva”, en el supuesto que sea perjudicial a los intereses de los condóminos o al aprovechamiento de la cosa, caso en el que un juez puede disponer su postergación por un plazo de hasta cinco años (art. 2001).
• También se incorpora la posibilidad de que un juez, frente a circunstancias graves, autorice la partición antes del tiempo previsto para la indivisión (art. 2002).

• Actualmente la propiedad horizontal se rige por las normas que establece la ley 13.512, complementaria del Código Civil.

• Se define el concepto de propiedad horizontal (art. 2037).
• Se establece el deber del titular del dominio o de los condóminos de redactar, por escritura pública, el reglamento de propiedad horizontal, el que debe inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble (art. 2038). Asimismo, se dispone el contenido de dicho reglamento (art. 2056).
• El artículo 2044 regula la personería jurídica del consorcio, teniendo como órganos a la asamblea (art. 2058 y ss.), el Consejo de propietarios (art. 2064 y ss.) y el administrador (art. 2065 y ss.). Se establecen las facultades y obligaciones de los propietarios en los artículos 2045 a 2050.
• Se prevé la figura de los subconsorcios (art. 2068).

• Actualmente se encuentran regulados en diferentes disposiciones provinciales y de carácter local.

• Se introducen normas vinculadas a la evolución del derecho dominial. De este modo, bajo la denominación de conjuntos inmobiliarios se regulan las situaciones conocidas como clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquéllos que contemplan usos mixtos (art. 2073). Interesa destacar que la parte final del artículo, establece el requisito de la sujeción a las normas administrativas locales.
• Todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios, se rigen por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción (art. 2075).
• Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse, en lo pertinente, a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el proyecto, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial (art. 2075).
• Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real (art. 2075).

• Actualmente se encuentran regulados en diferentes disposiciones provinciales y de carácter local.

• Se regulan los cementerios privados como inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de restos humanos (art. 2103).
• Se prevé que el administrador de un cementerio privado está obligado a llevar un registro de inhumaciones con los datos identificatorios de la persona inhumada, además de un registro de titulares de los derechos de sepultura en el que deben consignarse los cambios de titularidad producidos (art. 2106).
• Las parcelas exclusivas destinadas a sepultura son inembargables, a excepción de los créditos provenientes del saldo de precio de compra y de construcción de sepulcros y las expensas, tasas, impuestos y contribuciones correspondientes a aquéllas (art. 2110).
• Se dispone que al derecho real de sepultura se le aplican las normas sobre derechos reales (art. 2112).

• Ley de sistemas turísticos de tiempo compartido 26.356.

• Se incorpora como derecho real al tiempo compartido, cuya regulación se establece en los artículos 2087 a 2102.
• Se aplican al derecho del adquirente de tiempo compartido las normas sobre derechos reales (art. 2101).

• Actualmente se rigen por los artículos 3279 a 3874 del Código Civil.
• El proceso de licitación estaba previsto en el artículo 3467 del Código Civil, el cual fue derogado con la reforma de la ley 17.711, por lo que no se encuentra regulado en el Código Civil vigente.
• La porción legítima de los herederos forzosos se conforma de la siguiente manera: a los descendientes les corresponde las cuatro quintas partes; a los ascendientes las dos terceras partes; y, al cónyuge le corresponde un medio (arts. 3592 a 3595 CC).

• Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquél de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Las deudas del causante se responden con los bienes recibidos por los herederos (se elimina la distinción entre aceptación lisa y llana y la aceptación con beneficio de inventario) (art. 2280).
• Se incorpora el proceso de licitación. En éste cualquiera de los herederos puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se le adjudique dentro de su hijuela por un valor superior al del avalúo, si los demás copartícipes no superan su oferta (art. 2372).
• Se incorpora el supuesto del matrimonio in extremis. Este nuevo instituto tiende a comprobar que el matrimonio no tuvo por objeto la captación de la herencia (art. 2436).
• Se propone una modificación de las porciones de la legítima: en cuanto a los descendientes, se modifica de las cuartas quintas partes a dos terceras partes; respecto de los ascendientes, de dos terceras partes a un medio; el cónyuge mantiene su legítima de un medio (art. 2445).
• Se estipula la mejora de la hijuela a un heredero con discapacidad; incluso a través de un fideicomiso (art. 2448).
• Se regula lo correspondiente al “fideicomiso testamentario”, aunque siempre debe respetar la legítima de los herederos forzosos (art. 2493).

• El plazo genérico de prescripción es de diez años, salvo disposición especial (art. 4023 CC).
• Se prevé un lapso de prescripción de dos años en la acción por responsabilidad civil extracontractual (art. 4037 CC).
• El plazo de prescripción de la nulidad relativa es de diez años (art. 4023 in fine CC), salvo supuestos específicos en que se prevén otros lapsos.
• Prescribe a los cinco años la obligación de pagar los atrasos de pensiones alimenticias, del importe de los arriendos, de todo lo que debe pagarse por años o plazos periódicos más cortos (art. 4027 CC).
• El reclamo por transporte de pasajeros tiene una prescripción anual o bianual, según el caso (art. 855 Cód. Com.)

• El plazo genérico de prescripción es de cinco años, salvo que la normativa específica prevea uno diferente (art. 2560). Se recepta un supuesto de prescripción especial de diez años para reclamo del resarcimiento de daños por agresiones sexuales infligidas a personas incapaces.
• El reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los tres años (art. 2561).
• Las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles (art. 2561).
• Asimismo, prescriben a los dos años: a) el pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos; b) el reclamo de derecho común de daños derivados de accidentes y enfermedades de trabajo; c) el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas; y d) el reclamo de los daños derivados del contrato de transporte de personas o cosas, e) el pedido de revocación de la donación por ingratitud o del legado por indignidad; f) el pedido de declaración de inoponibilidad nacido del fraude (art. 2562).

• En el Código Civil vigente encontramos algunas previsiones de derecho internacional privado, de manera diseminada.

• Se sistematizan las normas de la materia actualmente dispersas en diversas normativas. Se establecen normas generales y una exhaustiva parte especial. En la parte general se incluyen normas sobre jurisdicción, reenvío, fraude a la ley, orden público, etc. (arts. 2594 a 2612).
• En la parte especial, además de regularse la persona, familia, contratos, derechos reales, sucesiones, etc., se incluyen normas de institutos novedosos como las técnicas de reproducción humana asistida, las uniones convivenciales, los contratos de consumo y la responsabilidad parental (arts. 2613 a 2671). Se disponen normas relativas a la jurisdicción y el derecho aplicable para cada uno de dichos institutos.
• El artículo 2613 define los conceptos de domicilio y residencia habitual a los fines del derecho internacional privado.
• Jurisdicción en materia de adopción. En caso de niños con domicilio en la República, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para la declaración en situación de adoptabilidad, la decisión de la guarda con fines de adopción y para el otorgamiento de una adopción (art. 2635).
• Con respecto a la conversión de la adopción se establece que el juez debe evaluar en todos los casos la necesidad de mantener la filiación de origen (art. 2638).

• Se rige actualmente por la ley 19.550, T.O. 1984.

• El proyecto prevé modificaciones a la ley 19.550, la que pasara a denominarse “LEY GENERAL DE SOCIEDADES 19.550, T.O. 1984”.
• Comienza con la sustitución del artículo 1º en el que se define el concepto de sociedades como la forma organizada en la que una o más personas se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de las ganancias y soportando las pérdidas (art. 1º).
• En el segundo párrafo del art. 1º establece que las sociedades unipersonales sólo podrán ser constituidas como sociedades anónimas.
• Sustituye el artículo 5º de la ley en el que se establece la inscripción del Acto Constitutivo, su modificación y el Reglamento en el Registro Público del domicilio social y en el Registro que corresponda al asiento de cada sucursal.
• Previo a la inscripción, los otorgantes deberán ratificar las firmas, salvo cuando se extienda mediante instrumento público o las firmas sean autenticadas por escribano público u otro funcionario competente (art. 5º segundo párrafo).
• Se modifica el tratamiento de la nulidad societaria atento a la incorporación de sociedades unipersonales (art. 16).
• Para adquirir bienes registrables la sociedad debe acreditar ante el Registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. Los bienes se inscribirán a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad (art. 23).
• Los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o una distinta proporción, resulten:
  1) de una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones;
  2) de una estipulación del contrato social en los términos del artículo 22;
  3) de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales (art. 24).